Tras elección judicial irregular, una democracia “herida de muerte”

Andrés Gallegos

El primer día de septiembre entró en funciones en México un nuevo Poder Judicial, con más de dos mil 600 cargos -incluyendo nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia- renovados por el voto popular el pasado 1 de junio en una elección cuestionada por varias razones: un bajo porcentaje de participación (apenas el 13 por ciento del padrón electoral), la falta de transparencia en los procesos de registro y selección de candidatos, la intervención de políticos y grupos de poder, y la falta de información accesible para los ciudadanos sobre las candidaturas y el proceso electoral.

Frente a esta realidad, académicos, jueces y magistrados congregados en el XIII Encuentro Iberoamericano y XI Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, celebrado del 27 al 29 de agosto en el ITESO y otras sedes como el Congreso del Estado de Jalisco y el Supremo Tribunal de Justicia estatal, expusieron sus críticas tanto al proceso electoral de este año como a la reforma judicial aprobada en 2024 que propuso la votación popular de las personas juzgadoras. Casi todos coincidieron en lo siguiente: la elección estuvo plagada de irregularidades y la nueva reforma representa un peligro para la democracia constitucional en México, que estaría "herida de muerte". 

Una elección irregular para instalar un nuevo poder que vivirá muchos años

Participantes en la elección popular del 1 de junio y académicos que revisaron el proceso, coinciden en que este presentó problemas como la falta de recursos para hacer campañas electorales, presiones externas, evaluaciones distintas de cada Poder de la Unión a los aspirantes, o los “acordeones” o listas de candidaturas a las que se llamaba a votar.

Verónica Ucaranza Sánchez, magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, participó como candidata en la elección del Poder Judicial y contó su experiencia. Dijo que hubo acusaciones falsas contra ella por una supuesta pauta publicitaria, y no le permitieron dar charlas en universidades o visitar algunas entidades del país. Durante los comicios, reparó en la poca participación y sugirió que hubo cobros de dinero para votar determinadas listas. Después, nunca supo dónde y cómo se contabilizaron los votos.  

“Pensábamos que iba a haber equidad, transparencia y, en mi caso, quería ver qué pasaba, quería vivir el proceso. Pero no era así, había intervención política y económica en favor de otras personas”, mencionó.

Otro participante fue Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien no pasó la fase de la insaculación o sorteo de selección de candidatos. Expuso varias irregularidades, como el hecho de que las evaluaciones y los requisitos para los candidatos eran diferentes según quién las hacía.

“Otro problema es que el ciudadano no conocía a los candidatos, eran tantos que era muy difícil conocerlos, incluso para mí. Yo pude conocer a los candidatos a ministros, magistrados electorales (...), pero cuando llegaba a los jueces locales, ya no los conocía”.

De no haber una movilización de sectores contrarios a la actual coalición gobernante, la reforma judicial permanecerá "durante bastantes años" en México, señaló Cárdenas. 

“Dependerá de la fuerza política que tenga la oposición y la capacidad de movilización que tengan las universidades o las ONG, pero mientras esa capacidad de movilización y fuerza política no sean equivalentes a las del Gobierno, el modelo se mantendrá”. 

Marcos del Rosario, director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, señaló que la elección judicial presentó todos los elementos para ser invalidada: proceso poco claro, servidores públicos que condicionaron el voto, y uso de los "acordeones" para dirigir el voto a determinados candidatos, entre otros.

"Los acordeones funcionaron, no solamente fueron elementos de guía y consulta, también fueron elementos de inducción al voto. Esto condiciona la validez de la elección".

María Elena Molina, magistrada y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, afirmó que la elección pone en riesgo la carrera judicial, que garantizaba la llegada de profesionales capaces y preparados a los tribunales.

La Constitución y la justicia, en peligro

Especialistas coincidieron en que el nuevo Poder Judicial, que inició sus labores este lunes 1 de septiembre, podrá responder más a las exigencias del poder en turno que en defender los derechos humanos o en proteger a las minorías.

Juan Pablo Campos, académico y gerente de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, afirmó que la reforma judicial surgió de “liderazgos políticos poco ortodoxos” dispuestos a que los jueces apliquen su voluntad, en lugar de defender la Constitución.

Consideró que existen dos impactos graves para México: el país ya no tendrá un árbitro que decida cuando una norma no sea acorde con la Constitución, y la política será más importante que los principios de la Carta Magna. 

“Me parece que la democracia constitucional mexicana está herida de muerte, quizá nos convirtamos en otro tipo de democracia, pero ya no será constitucional”.

Finalmente, Campos señaló que, en Bolivia y Estados Unidos, países donde se celebran elecciones de personas juzgadoras a nivel federal o estatal, no hay buenos resultados: los jueces electos responden más a quienes financiaron su campaña electoral que a la ley, y eso provoca que los ciudadanos tiendan a confiar menos en la justicia. 

El presidente de la Corte Constitucional de Colombia, Jorge Enrique Ibáñez Najar, expuso varios motivos por los que en su país no existe la elección de jueces y magistrados, como el riesgo de politización, es decir, que la justicia responda a dinámicas electorales, o que los jueces no tengan independencia al sentirse en deuda con actores políticos o sociales. 

Sin embargo, hizo hincapié en la mayor vulnerabilidad de las personas juzgadoras al crimen organizado, tal y como sucedió en Colombia durante la década de 1980, época en la que los carteles de la droga asesinaron a centenares de jueces y magistrados, y amedrentaron a muchos más. 

“Debemos cerrar filas en la defensa de la independencia y autonomía judicial. Sin justicia, y especialmente sin justicia constitucional, no hay democracia, y sin democracia no podemos garantizar el orden constitucional y el Estado socialmente democrático de derecho en ninguna de las sociedades”, llamó. 

Rubén Hernández Valle, académico de la Universidad de Costa Rica, criticó la concepción de la democracia como “la voluntad de las mayorías”, y señaló que los tribunales constitucionales tienen legitimidad democrática al defender los derechos de las minorías y los grupos sociales más humildes. 

“La historia nos enseña que solo en los sistemas democráticos existe una verdadera oportunidad de que se respeten los derechos fundamentales, pero, por otra parte, la democracia no podría sobrevivir por mucho tiempo sin la existencia de un sistema en el que los derechos y las libertades fundamentales cuenten con mecanismos de protección eficaces”. 

“La verdadera democracia judicial no se mide por la forma en que se elige a los jueces, aunque así nos lo quisieron vender, sino por la capacidad de defender los derechos humanos frente a las mayorías y su capacidad de proteger la Constitución”, mencionó por su parte Celia Mizrahi, investigadora de la Universidad Panamericana.